Medio
centenar de magistrados participaron en los Foros de la Justicia organizados
por la Asociación de Usuarios de Banca (AUSBANC) desde 2010, cuyo presidente
está en prisión sin fianza desde el lunes, acusado, entre otras cosas, de
extorsionar a empresas y bancos bajo la amenaza de querellarse contra ellos. Un
vistazo a la página de los eventos
jurídicos de AUSBANC es suficiente para ver que un buen número de representantes
del mundo judicial arropaba a Pineda, desplazándose con todo pagado a sus
congresos, sin rubor de ser fotografiados con una asociación de la que ahora
todo el mundo presume de haber oído que escondía algo raro. Algunos recibieron
de 800 a 1500 euros por impartir conferencias en esos foros, aunque otros
rechazaron cobrar por ellas.
AUSBANC
ha presentado en los últimos años numerosos pleitos en decenas de juzgados y
tribunales. De hecho, al menos uno de los jueces que participó en sus jornadas jurídicas
resolvió posteriormente causas en las que estaba personada. Con esas jornadas,
la asociación estrechaba vínculos y relaciones con jueces y magistrados en
cuyos órganos podrían recaer pleitos que interponía en nombre de sus
consumidores. Además de estos foros, AUSBANC cuenta con revistas y
publicaciones en las que colaboran asiduamente miembros de la judicatura. De
hecho, en algunas cartas enviadas a entidades financieras su presidente reclamaba
publicidad argumentando que jueces “que meten multas” escribían en sus
publicaciones.
Los
magistrados que participaron en las jornadas pertenecen a juzgados mercantiles,
a salas de 1ª instancia, a audiencias provinciales, al Tribunal Supremo, e
incluso a la Audiencia Nacional, el tribunal que ahora investiga y deberá
juzgar al presidente de la asociación.
Ante
esas denuncias, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se apresuró este
miércoles en un comunicado a defender la "integridad y profesionalidad"
de estos jueces, alegando que lo que hicieron es “legal”, ya que los jueces y
magistrados tienen permitido participar en conferencias.
Aunque
es difícil de creer que la independencia de un juez se vea menoscabada por 1.000
o 1.500 euros que cobre por una conferencia, lo cierto es tampoco resulta
extraña la suspicacia levantada, especialmente cuando esa asociación se jactaba
de sus contactos y relaciones con la judicatura para recabar fondos de los
presuntamente extorsionados. Tampoco cabe generalizar el reproche a toda la
judicatura, pues, por lo que sabemos hasta el momento, apenas medio centenar de
los más de cinco mil jueces y magistrados (menos de un 1% del total) participaron
en ellas.
Pero
que ante estos hechos, la primera reacción del CGPJ, cuyo fin prioritario
supuestamente es velar por la independencia de los jueces, sea una defensa de
la legalidad de la participación de jueces y magistrados en esas conferencias
(algo que nadie ha puesto en duda), sin importarle lo más mínimo que se
extienda la imagen de que el mundillo judicial confraternizaba con esa presunta
mafia, resulta de lo más preocupante y, a la larga, contraproducente para los
intereses de los jueces. Rezuma corporativismo. De acuerdo, el mismo que suele
verse en casos similares entre médicos, cuando se les acusa de negligencia
profesional; asesores fiscales, cuando se les acusa de ingeniería fiscal para
evitar impuestos a sus clientes; y muchos otros colectivos cuando acusan de
comportamiento inadecuado a alguno de los “suyos”. Pero en este caso estamos
hablando de un poder del Estado cuya fuente de legitimidad descansa en su
supuesta independencia y neutralidad, lo que le permite controlar a los otros
dos Poderes. Y de un sector que, con fundados motivos, reclama tener voz y voto
mayoritaria en la elección de su órgano de gobierno, reduciendo la politización
de la justicia, ante lo que suele argumentar precisamente que lo fuertemente
corporativista de la judicatura los convertiría en un poder descontrolado (sin
contrapesos ni control). Con esta reacción corporativa de defensa cerrada de
algunos de sus miembros no hacen sino ofrecer argumentos a los que se oponen a
que los propios jueces se “autocontrolen”.
Para
los miembros de un Poder del Estado, ya sea los del Gobierno, el Parlamento o
la Justicia, tan importante como la honestidad es su apariencia. Tan importante
como la legalidad es la ética y la estética. Para los jueces y políticos, como
para la mujer del César, tan importante es ser honestos como parecerlos. Y de
nada sirve que, tanto unos como otros, cuando se ven envueltos en una situación
que los compromete, aseguren que su actuación es totalmente legal. ¡Faltaría
más! De otro modo deberían cumplir la pena establecida para su acto ilícito.
Pero si su legitimidad descansa en su “aparente” independencia y neutralidad,
cuando algunas actividades las ponen en entredicho como mínimo deberían
investigarlas, en lugar de defenderlas. Así lo único que van a lograr es tirar
piedras contra su propio tejado.