Los
recientes casos de Margarita Robles[1], Victoria Rosell[2], y el más antiguo de
Baltasar Garzón[3],
entre otros, han vuelto a abrir el debate sobre la relación de ida y vuelta
entre la judicatura y la política en España.
El
artículo 127 de la Constitución Española impide que los Jueces y Magistrados
así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, desempeñen otros cargos
públicos, o pertenezcan a partidos políticos o sindicatos, pero no impide que
un político vuelva o se incorpore a la carrera judicial tras su paso por la
política. Algunos
miembros de la carrera judicial ya experimentaron en el pasado la experiencia
de vivir de la política como cargo público y posteriormente han vuelto a su
anterior actividad. Casos hay para todos los gustos, pero es evidente que la
imparcialidad y neutralidad que se supone a un juez o fiscal queda bastante en
entredicho cuando han participado en el juego partidista de la política, ya que
existe una sospecha latente de que pueda devolver favores prestados o hacer
méritos para un nuevo salto a la política, utilizando el poder que se le
confiere en su nueva condición.
Son
bien conocidos los casos de algunos jueces-estrella que han probado suerte en
la carrera política, sabiendo que si fracasan siempre pueden volver a la
judicatura y ser aupados en la carrera judicial por su antiguo partido. Eso sí,
con toda independencia y neutralidad. En mi opinión, con el objeto de defender la
independencia y el control de la política por parte de la función pública, esa
puerta giratoria de ida y vuelta entre el funcionariado y la política debería
restringirse sustancialmente. Si los militares tienen absolutamente prohibida
su adscripción y militancia en partidos políticos y sindicatos y, por supuesto,
la posibilidad de presentarse a un cargo público, so pena de perder su
condición de militar, ¿no debería restringirse de forma similar la
participación en política de aquellos funcionarios públicos encargados de
controlar a los políticos?
Por
todo ello, mi propuesta es que se modifique el artículo 127 de la Constitución de
modo que sea incompatible con el ejercicio de la carrera judicial para Jueces,
Magistrados así como los Fiscales, el haber desempeñado un cargo público, haber
estado incluido en una lista electoral de un partido político o sindicato, o
haber pertenecido a partidos políticos o sindicatos.
La
participación en la vida política es un derecho de todos los españoles y no
debe prohibirse a ningún ciudadano, pero lo que no debe permitirse es que, tras su paso por la política, un
cargo público pueda volver a ocupar cualquier puesto en la administración, en
especial los que se encargan de controlar a cargos públicos. Así, un juez que quiera probar suerte en la política, debería
tener vedado su retorno a la judicatura, aunque podría seguir ejerciendo como
abogado. Se trataría de un viaje de ida, pero no de vuelta. Quien quiera hacer
carrera en la judicatura, que se olvide de la política. Son incompatibles.
[1] Jueza y política española. En 1993 fue nombrada
Subsecretaria del Ministerio de Justicia y de 1994 a 1996 Secretaria de Estado
del Ministerio del Interior. Desde 2004 a 2016 ha sido una de las doce
magistradas del Tribunal Supremo de España, de la Sala Tercera. Desde
septiembre de 2008 a diciembre de 2013 fue vocal del Consejo General del Poder
Judicial de España a propuesta del Partido Socialista Obrero Español. Pertenece
a la asociación progresista Jueces para la Democracia. En mayo de 2016 anunció
su regreso a la política como número dos de la lista por Madrid del PSOE en las
elecciones legislativas del 26 de junio.
[2] Jueza y política española, fue portavoz de Jueces para
la Democracia, y diputada por Podemos entre diciembre de 2015 y mayo de 2016. En
2010, fue denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el
Partido Popular por la presunta comisión de dos faltas disciplinarias, una muy
grave y otra grave, relacionadas con el llamado “caso salmón”, que afectaba a
Soria y del que se la acusaba de haber sido redactora de la denuncia, ya que su
pareja, un periodista cercano al PSOE, era quien la había presentado.
Finalmente, la queja ante el CGPJ fue archivada y el “caso salmón”, también.
Actualmente está acusada por una denuncia de Soria de prevaricar para favorecer
negocios de su pareja durante su etapa como jueza en Las Palmas. Según la
querella del exministro de Industria, Rosell retrasó una causa en la que estaba
imputado por delitos fiscales el empresario Miguel Ángel Ramírez, que, según la
investigación, mantiene "relaciones económicas" con la pareja de la
jueza.
[3] Baltasar Garzón es un juez y político español. Juez
desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional desde 1988 hasta 2012. Se presentó como candidato independiente a
diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue
nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de
secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos. El 22 de febrero
de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el
Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación
cometido durante la instrucción del caso Gürtel.