"De lograr la independencia, quedaría entonces negociar las condiciones de la secesión. La disolución de Checoslovaquia y el derecho internacional nos muestra que la mayor parte de los activos y pasivos federales se dividen en relación a la población, incluyendo las deudas. España cedería la propiedad de sus puertos, aeropuertos, carreteras, líneas ferroviarias y la mayor parte de sus infraestructuras en Cataluña a cambio de que los catalanes se hicieran cargo de las deudas asociadas a ellas y de la parte alícuota de la deuda común. La población catalana asciende a 7,5 millones de personas (un 16% de la española), así que el reparto de los activos y pasivos se establecería en torno a un ratio de 5/6 para España y 1/6 para Cataluña, pero la negociación del reparto se vería trufada de escollos y tensiones. ¿Cómo afectaría todo este embrollo a la economía? Todos saldríamos perdiendo, pero más ellos que nosotros. España perdería una sexta parte de su mercado interior y una región de renta por encima de la media. Sin embargo, el llamado “déficit fiscal de Cataluña” (lo que aportan por encima de lo que reciben) dista de alcanzar el 9% de su PIB (o 18.000 millones de euros) como afirman los separatistas. Hasta el año 2006 se elaboraban con criterios razonables las balanzas fiscales de las CC.AA. y ese déficit no pasaba del 5-6%, según el año, así que el saldo neto de los recursos que España perdería estaría en torno a 10-12.000 millones de euros, un 1% de nuestro PIB. Y ese cálculo no deja de ser un ejercicio teórico. La realidad es que hoy en día buena parte de los recursos públicos se financian a través de la emisión de deuda, de modo que no existe déficit fiscal alguno. Todos los territorios aportan menos a las arcas públicas de lo que reciben. La diferencia se cubre con emisión de deuda. En resumen, perderíamos peso económico y habría que apretarse un poco más el cinturón, pero el día después de la secesión seguiríamos funcionando normalmente.
Cataluña saldría adelante, pero su nivel de vida se reduciría sustancialmente y la transición sería enormemente complicada. Para empezar, nacería con una deuda acumulada (catalogada ya como basura) de unos 160.000 millones de euros (el 80% de su PIB), pero peor aún es que durante un tiempo (entre 1,5 y 3 años) perdería el acceso a los mercados financieros, poniendo en riesgo el pago de nóminas públicas, pensiones y servicios públicos. El nuevo estado debería ajustarse al déficit cero en un solo día, y eso con una seguridad social deficitaria. Además quedaría fuera de la Unión Europea (UE) y del euro, como ha recordado Bruselas, así que perderían los fondos europeos y emitirían su propia moneda, que se depreciaría al menos un 20% respecto al euro, lo que encarecería sus importaciones. Dado que las importaciones suponen el 45% del PIB de Cataluña, el nivel de vida de los catalanes se reduciría en torno al 9% con este solo efecto y, para más inri, las deudas de empresas y ciudadanos con bancos no catalanes (por entonces, todos) seguirían nominadas en euros, de modo que aumentarían un 20% o más en la nueva moneda.
Muchas empresas extranjeras en Cataluña (y son varios miles) abandonarían su territorio para instalarse en otro lugar dentro del paraguas de la UE, para no enfrentarse con aduanas, fronteras y trabas para el comercio ni al riesgo cambiario de la nueva moneda. Las entidades financieras catalanas (La Caixa y Sabadell) quebrarían si mantuvieran su sede social en Cataluña, dado que la totalidad de sus deudas vienen nominadas en euros, así que es probable que trasladaran su sede a España (su mercado natural), llevándose consigo el pago de sus cuantiosos impuestos. Otras grandes empresas no industriales fuertemente endeudadas en euros o con presencia nacional sopesarían la posibilidad de trasladarse a alguna localidad española para mantenerse dentro del euro y fuera de boicots comerciales del resto de España. Nuevas caídas en la recaudación de impuestos y en el empleo. Finalmente, los probables boicots mutuos a los productos de la otra parte afectarían proporcionalmente más a las empresas catalanas (que venden un 25% de sus bienes al resto de España), que a las españolas (que venden únicamente el 2,5% de sus bienes en Cataluña).
Cataluña debería solicitar la entrada en la Unión Europea, donde España, con el posible apoyo de franceses, belgas, italianos y cualquier otro estado con independentistas en su seno, vetaría su entrada durante décadas. Lógico. Si la convivencia no ha sido buena en casa, tampoco lo sería en nuestro club. A la par, Cataluña debería poner en marcha una Hacienda propia, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Asuntos Exteriores, Justicia, Aduanas, etc., con su correspondiente coste. Y entretanto un lío inmenso acerca de la validez de los contratos en euros, la nacionalidad y los derechos de los ciudadanos y la libre circulación de mercancías y personas.
En conclusión, un follón de mil demonios para ningún beneficio y múltiples perjuicios."