Aunque nuestros políticos llevan décadas empeñados en negarlo, nuestro
sistema de pensiones se encamina hacia una inevitable crisis. Cualquiera que
sepa realizar las cuatro operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, multiplicar
y dividir), y que tenga interés en aplicarlas a nuestro futuro sistema de
pensiones, llegará a la misma conclusión: es insostenible.
En 2017 se han ingresado 110.000 millones de euros por cotizaciones
sociales, y se han gastado casi 142.000 entre prestaciones y subsidios a cargo
de la Seguridad Social. El actual déficit de 32.000 millones de euros se está
cubriendo en parte con la “hucha” de las pensiones (que se acaba) y en parte
con impuestos y/o deuda. Y a medio plazo se avecina un problema demográfico de profunda
caída de los nacimientos y una mayor esperanza de vida, así como la jubilación
de la generación del baby boom de los
años 60.
El gasto en pensiones sube imparable por una fuerza inexorable y una
coyuntural: 1) entra más gente en la edad de jubilación de la que “sale”, y 2)
la pensión media sube, ya que las bases de los que entran son superiores a la
media. El primer factor es inevitable y el que tiene mayor impacto. En 2009
existían 7,6 millones de pensionistas sobre una población de 45,8 millones de
habitantes (un 16,5% del total), y el INE estima para 2029 que los pensionistas
serán 11 millones (el 23% de la población) y 15,3 millones sobre 48 millones de
habitantes (el 32%) en 2049. El doble de pensionistas con básicamente la misma
población que ahora, en un sistema que ya es deficitario. El funcionamiento del
actual sistema de pensiones es simple: se utilizan los ingresos de las
cotizaciones sociales para pagar las pensiones a los mayores. Cuando se puso en
marcha durante los años 60 había mucha gente joven y pocos jubilados. Pero la
esperanza de vida ha aumentado, los nacimientos han disminuido y las
cotizaciones ni llegan ni llegarán para pagar las pensiones, ni siquiera con
toda la población activa trabajando La evolución demográfica hace imposible
seguir ofreciendo las prestaciones actuales.
Así que se avecina una nueva reforma de las pensiones para que su coste
sea sostenible. ¿En qué sentido? Pues el sentido común dice que habrá que tocar
todos los palos… vincular la pensión cobrada con lo cotizado durante toda la
vida laboral y no solo los últimos 25 años, para así reducir la cuantía de las
nuevas pensiones; seguir retrasando la edad de jubilación para que el número de
años que cobramos la pensión se mantenga en el nivel actual (unos 21 años) y no
se incremente con la esperanza de vida; y sacando del sistema de pensiones a
unos beneficiarios (pensiones no contributivas, de viudedad y de orfandad), que
no están directamente vinculados con el trabajo, sino con la asistencia social
y que, por lo tanto, deberán pagarse con impuestos, eso sí, previo ajuste de
las condiciones de cobro, porque pagar pensiones de forma vitalicia a viudas/os
de 25 años no lo hace ningún país del mundo, salvo el nuestro.
Por el lado de los ingresos poco se puede hacer porque las cotizaciones a
la seguridad social en España a cargo de las empresas son de las más altas en
Europa y suponen un impuesto al trabajo que conduce a una mayor tasa de desempleo.
Como mucho, “destopar” el máximo de la base de cotización para que los salarios
elevados paguen proporcionalmente en función de lo que cobren, sin límite
máximo. ¿Nuevos impuestos? En 2017 su recaudación (200.963 millones de euros) superó
la de 2007. Y ya en 2018 se destinarán al pago de pensiones 15.000 millones de
nuestros impuestos. La vaca no tiene tanta leche como para exprimirle los
60.000 millones que necesitaremos anualmente dentro de 10 años para
pagarlas, si nada cambia.
Todo ello nos conduce a un futuro con menores pensiones durante menos tiempo.
Nada nuevo. Los jubilados europeos reciben una pensión pública que supone
alrededor del 42% de su última nómina, mientras que los españoles cobran en
torno al 75% de su último salario en activo en forma de pensión. Hay recorrido
de bajada. Como conclusión, un mensaje claro. Más allá de toda convicción
ideológica o partidista, hay una realidad económica inexorable: el actual sistema
de pensiones no se puede mantener y las pensiones futuras serán más bajas que
las actuales. O eso o quebrarán al país. El que diga lo contrario, o no sabe
sumar o miente.
Artículo publicado en La Gaveta Económica del mes de febrero de 2018