La representatividad del sistema electoral español

La representatividad del sistema electoral español es mediocre. La legislatura no es el “espejo de la nación”. Aunque los resultados son más representativos que cualquier sistema no proporcional, también son de hecho los menos representativos de entre los sistemas electorales proporcionales. El sesgo mayoritario del sistema electoral en España se debe al reducido tamaño de las circunscripciones. Los principales partidos, perjudicados son los partidos minoritarios de ámbito estatal (IU, UPyD y Ciudadanos).  

En la tabla muestro la prima electoral en escaños, esto es, el número de escaños obtenidos por encima (en positivo) o por debajo (en negativo) de lo que correspondería a cada partido de haberse repartido los escaños de un modo completamente proporcional. He diferenciado entre los escaños obtenidos por partidos nacionales mayoritarios (PSOE; UCD en 1977 y 1979; CP y PP desde 1982) y partidos nacionales minoritarios (el Partido Comunista en sus diferentes versiones, PCE, IU y UP; Alianza Popular en 1977 y 1979; CDS, UPyD y Ciudadanos), y por último, Podemos, que es un partido medio, pues su porcentaje de voto oscila alrededor del porcentaje (19-21%) en el que el sistema electoral parece ser neutral.

 

Como se observa, los partidos nacionales mayoritarios están sistemáticamente sobre-rrepresentados en todos y cada uno de los procesos electorales vividos en España. El PSOE obtiene una media de 16,6 escaños más de los que le correspondería de repartirse éstos de forma proporcional, lo que a lo largo de todas las convocatorias electorales suma un total de 216 escaños de más. En cuanto a la UCD (en 1977 y 1979) y Coalición Popular o Partido Popular, desde 1982, obtienen una media de 22,8 escaños por encima de lo proporcional, y una suma total de 296 escaños de más. UCD resultó durante las dos primeras elecciones el partido más beneficiado hasta la fecha por el diseño electoral[1], obteniendo 44 y 45 escaños de más en las elecciones de 1977 y 1979, respectivamente.

Ello se debe a que las provincias más rurales y de voto más conservador están sobrerrepresentadas, en perjuicio de las provincias con un mayor voto urbano, y su composición sociológica beneficia a los partidos de centro-derecha respecto a los de centro-izquierda. Ningún otro partido ha vuelto a acercarse a unas primas en escaños tan elevadas, ya que la evolución social durante estos casi cuarenta años de elecciones democráticas ha vuelto menos conservadoras a las provincias menos pobladas y más conservadoras a las ciudades, reduciendo el sesgo hacia la derecha del sistema electoral, aunque sigue existiendo y ha sido estimado recientemente en nueve escaños[2]. Este sesgo electoral también se produce ante la disyuntiva de partidos tradicionales y “nuevos”, beneficiando a los primeros y perjudicando a los últimos por ese mismo “sobrepeso” de las provincias menos pobladas (donde el voto es más envejecido y conservador, y se dirige preferentemente hacia PP y PSOE) e infrarrepresentación de las más pobladas y con grandes ciudades (donde el voto es más juvenil y más abierto a nuevas opciones políticas, beneficiando a Podemos y Ciudadanos). En las dos últimas elecciones ese sesgo se estima en unos once escaños a igualdad en el porcentaje de voto[3] en favor de cada uno de los partidos tradicionales.

 

En cuanto a los partidos nacionales minoritarios, el PCE o IU en sus distintas configuraciones electorales ha sido históricamente el gran perjudicado, con una prima negativa media de 12,7 escaños por elección, y un acumulado de 152 escaños obtenidos de menos en los doce procesos electorales en los que se presentó encabezando una lista[4]. Se trata de un enorme castigo para un partido que desde el año 2000 apenas ronda la mitad de los escaños que le correspondería. También los partidos de centro y centro-derecha se ven perjudicados por el sistema electoral cuando son minoritarios. Alianza Popular (AP) en 1977 y 1979; el Centro Democrático y Social entre 1982 y 1993; UCD en 1982; UPyD en 2008 y 2011; y Ciudadanos en 2015 y 2016, pierden una media de 11,4 escaños sobre los que les correspondería en cada convocatoria electoral en la que se presentan. UPyD había triplicado sus escaños en 2011, año en el que obtuvo 5 escaños, cuando le hubieran correspondido 16, y Ciudadanos logró 9 y 15 escaños menos de los que debería en 2015 y 2016, y ello a pesar de que su porcentaje de voto no fue desdeñable en ninguna de esas elecciones (13,9% y 13,4% respecto al voto válido a candidaturas).

 

Así pues, son los partidos nacionales mayoritarios los que están sobrerrepresentados, mientras que los partidos nacionales minoritarios están fuertemente infrarrepresentados, con dificultades para obtener representación alguna e incluso sobrevivir. Dentro de los sistemas proporcionales, el nuestro es uno de los menos representativos, es decir, falla en el aspecto donde los sistemas proporcionales suelen ser mejores, el de brindar representación. Tal y como hemos visto en las recientes elecciones de 2015 y 2016, nuestra denostada ley D´Hondt no ha impedido parlamentos plurales con partidos minoritarios de carácter estatal capaces de hacer de bisagra en sustitución de los nacionalistas. El verdadero problema es que la circunscripción provincial no solo atribuye un peso desmesurado a las provincias más pequeñas[5], sino que obliga a sus electores a decidir por el juego del voto útil únicamente entre los dos partidos mayoritarios, de modo que éstos se ven favorecidos en el reparto con más premio del que los electores estarían dispuestos a darles de votar por su partido predilecto. Aunque es difícil predecir lo que sucederá en el futuro, la situación actual de cuatro partidos nacionales de cierta importancia es inestable, ya que la tendencia del sistema electoral prima la concentración bipolar del voto, por lo que es probable que al menos alguno de ellos acabe reduciendo su importancia hasta convertirse en un partido testimonial. De hecho, Ciudadanos está prácticamente en el límite de caer a la irrelevancia, pues con una caída de apenas un 4% de los votos entre las elecciones de 2015 y 2016, perdió nada menos que un 20% de los escaños.

 

Según el sistema electoral, la desproporción puede producirse a priori (por la asignación de escaños a las distintas circunscripciones electorales), o a posteriori (por la diferencia final entre el porcentaje de votos y de escaños obtenidos por cada partido).

 

Lo primero se mide por el Índice de Mal-apportionment o índice electoral de desproporción, que indica el porcentaje de escaños que no se corresponde con la población de la circunscripción. Este índice para España es de un 9,63%, lo que nos convierte en la 16ª democracia con una mayor desproporción de entre las 78 democracias del mundo[6]. En teoría debería ser igual o cercano a cero para que se cumpliera la regla de “una persona, un voto”, pues cuanto más se aleje de cero, eso significa que el voto de los electores de alguna circunscripción vale más que el de los de otras circunscripciones. Ese porcentaje significa que en las elecciones al Congreso nada menos que un 9,63% de los escaños están asignados a circunscripciones electorales que no los recibirían si no hubiera una desproporción inadecuada. En particular, las provincias menos pobladas se ven favorecidas por el hecho de que el mínimo de escaños a repartir en ellas es de dos, cuando en algunos casos si se tuviera en cuenta exclusivamente la población, debería tener derecho a un solo diputado.

 

La desproporción a posteriori la intentan medir diversos índices. El más extendido internacionalmente es el Índice de Gallagher o de los mínimos cuadrados[7], que muestra para España un valor medio de 7,0, superior a la de casi cualquier otro sistema proporcional. Este índice, pese a ser el más extendido, no puede ser interpretado de forma estricta como desproporcionalidad, ya que no tiene significado por sí mismo más allá de la comparación entre sistemas electorales[8]. Ahora bien, precisamente por el hecho de que se ha calculado para otros países, lo utilizaré para comparar el sistema electoral español con otros.

Como era de esperar los países con sistemas mayoritarios son los que presentan un mayor índice de desproporción (un 10,2 de media entre 1946 y 2015). Los países con sistema proporcional presentan un índice medio de 3,4, y los mixtos una cifra a medio camino (6,3) entre los proporcionales y los mayoritarios, también como cabía esperar. De entre los países con sistema proporcional, el español es el peor (7,0), con la sola excepción de Croacia (8,8). La mayoría de los países oscila entre un índice de 2 y 3. Los países más proporcionales son Holanda (1,3), Dinamarca (1,6) y Suecia (1,8).
 

Sin embargo, cuando analice mi propuesta de reforma electoral me centraré en el índice absoluto o de Loosemore-Hanby (LH)[9], y que sí que es interpretable como el porcentaje de escaños que no han sido repartidos de un modo completamente proporcional. En España la media de este índice es de 11,9, lo que implica el 11,9% de los escaños no se han repartido históricamente de forma proporcional.

La diferencia entre la desproporción a priori y a posteriori se debe en buena parte al comportamiento estratégico de los electores, que, sabiendo que el voto a opciones políticas menos populares se desperdicia en las circunscripciones pequeñas, emplean el llamado “voto útil” y votan al menos malo de las dos opciones mayoritarias. Esto se demuestra por el hecho de que en las dos primeras elecciones (1977 y 1979), el Índice LH alcanzó el 17,9%, un porcentaje de desproporción superior al apriorístico pues los españoles aún no habían asimilado el funcionamiento del voto útil y depositaron su confianza en numerosas opciones políticas minoritarias. Posteriormente, los electores aprendieron de la inutilidad de su voto en numerosas provincias y comenzaron a utilizar el voto útil para evitar malgastarlo. Sin embargo, esto reduce la legitimidad de los representantes elegidos, como veremos a continuación.

 Extracto de mi obra "Voto útil: cómo elegir a nuestros políticos".

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[1] No en vano ese fue precisamente el efecto buscado al pactar la Ley Electoral.
[2] Por ejemplo, PENADÉS, Alberto y PAVÍA, José Manuel, en La reforma electoral perfecta,  Ed. Catarata, 2016, estima ese sesgo en las elecciones de 2015 en nueve escaños a favor del PP sobre el PSOE si ambos partidos hubiesen obtenido el mismo porcentaje de votos (25,5%).[3] Datos de PENADÉS, Alberto y PAVÍA, José Manuel, op. cit, para las elecciones de 2015 y estimaciones propias para las de 2016.

[4] No incluyo las elecciones del año 2016, en las que se presentó junto con Podemos, pero en una posición secundaria.[5] Esta situación viene generada por el hecho de otorgar un mínimo de dos escaños a cada provincia, de modo que 100 de los 350 escaños del Congreso no se reparten con criterios poblacionales.

[6] SAMUELS, David y SNYDER, Richard. The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective. British Journal of Political Science, Cambridge University Press, 2001.

[7] Mide la desproporción efectiva entre de un sistema electoral comparando la diferencia entre el porcentaje de votos recibido por un partido político y el porcentaje de representantes obtenido por ese partido, tomando para ello la raíz cuadrada de la media de la suma de las diferencias al cuadrado entre el porcentaje de voto y el porcentaje de representantes de cada uno de los partidos políticos. Es decir, se calcula, para cada partido, la diferencia entre el porcentaje de escaños obtenido y el porcentaje de escaños que le correspondería en condiciones ideales. Para cada partido, se eleva al cuadrado la diferencia resultante y se suman los resultados. El resultado se divide entre dos y se halla su raíz cuadrada.[8]Urdánoz Ganuza, Jorge. Medición de la desproporcionalidad electoral: una crítica a los Mínimos Cuadrados. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis), 2006.
[9] Que no es más que la suma de las diferencias entre el porcentaje de votos y de escaños de cada partido, dividida por dos.