Venezuela es una economía que
exporta un solo producto, petróleo, y que ha venido liquidando progresivamente
su infraestructura industrial y poniendo sus actividades productivas más
importantes bajo el control absoluto del gobierno. Mientras el precio del crudo
creció todo fue bien. En los 14 años que estuvo Hugo Chávez en el poder
(1999-2013), el petróleo multiplicó su precio por diez, pasando de 10 a 100
dólares el barril, y su moneda, el bolívar, se depreció más del 90%. Dado que
el petróleo se comercia en dólares, los ingresos del Estado en bolívares por
cada barril de petróleo exportado se multiplicaron por cien durante su mandato.
Esa inmensa cantidad de dinero permitió al Gobierno de Chávez disparar el gasto
público, reducir la pobreza y el desempleo, ganar elecciones y mantener a flote
una economía cada vez más ineficiente, en la que el control de cambios y de
precios provocaba toda clase de distorsiones, ahuyentando la inversión
extranjera y golpeando a la industria local. Lo cierto es que en los últimos
quince años el Gobierno venezolano ha dispuesto de los mayores recursos jamás
obtenidos y, sin embargo, ha convertido la economía venezolana en un erial con problemas
estructurales de inflación, desabastecimiento, desindustrialización y controles
de todo tipo.
Con el precio del barril de
petróleo actualmente en torno a 35 dólares el barril, todo el entramado de
subsidios del régimen chavista se ha venido abajo y la fijación arbitraria del
precio de los bienes básicos genera escasez y desabastecimiento, que ahora
amenaza con afectar incluso a un artículo básico como el pan. El aumento de la
masa monetaria y el control de cambios y precios han derivado en una espiral
que llevó la inflación al 275% en 2015, la más alta del mundo. Y el
mantenimiento de una economía subsidiada ha conducido a un déficit público del 20%
y a una caída del 10% del PIB en 2015. Y 2016 se avecina incluso peor. La inflación
está previsto que alcance el 720% y el PIB volverá a caer.
Para hacer frente a esta
situación, a principios de enero al gobierno de Maduro no se le ocurrió otra
cosa que poner al frente de la economía de Venezuela a un ministro, Luis Salas,
afín al ala más radical del chavismo, liderada por cierto por uno de los
economistas de cabecera de Podemos, Alfredo Serrano. Curiosamente, pese a ser licenciado
en sociología (y no en economía) Luis Salas impartía clases de economía
política en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Así que, con esos
antecedentes, no resulta extraño que afirmara que “la inflación no existe en la
vida real,… sino que es el correlato económico del fascismo político.” O que la
ley de oferta y demanda tampoco existe, pues “los precios aumentan no por la
escasez en sí misma, sino por el afán de lucro individual a través de la
explotación del otro”. Todo un alegato marxista-leninista más propio del siglo
XIX que del XXI. Pues bien, tras 39 días al frente de la economía del país
Maduro ha destituido a semejante lumbrera, sustituyéndolo por Miguel Pérez
Abad, uno de los representantes del sector más pragmático de la revolución
bolivariana.
Maduro desvelará hoy su “paquetazo
económico”, tantas veces anunciado y pospuesto, que en principio contempla subidas
en el precio de la gasolina, ajustes en el sistema de control de cambios y
aumento en los precios controlados, pero lo cierto es que la situación
económica y política del país ya no tiene vuelta atrás. Es simplemente
demasiado tarde. El país colapsará más tarde o más temprano y solo cabe esperar
si será cuestión de días, semanas o meses, pues resulta imposible mantener un
año más una economía en estado de coma como la descrita. Las autoridades
venezolanas (estas u otras) acabarán pidiendo más temprano que tarde la
intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir los fondos
prestados (que nadie en su sano juicio les prestaría) indispensables poner
orden en las finanzas del país. Esto marcará el fin del régimen bolivariano, al
menos hasta que resurja de nuevo, ya que dispondrá de un chivo expiatorio como el
FMI al que culpar de todos los males de la patria, pues deberá tomar decisiones
impopulares eliminando buena parte de la economía subvencionada por el
chavismo. Y vuelta a empezar en busca de la octava quiebra.
Eso sí. Resulta clarificadora la “brillantez”
de la gestión económica de los partidos afines a Podemos. Si han tardado 16
años en llevar a la quiebra a Venezuela, con un abundante maná petrolero, y
apenas seis meses en hacer lo propio en Grecia, ¿cuánto tardarían en hacer lo
mismo en España? No estamos tan mal como en Grecia, pero tampoco tenemos un
petróleo por las nubes que financie la locura de gasto público que proponen. Yo
diría que lo lograrían en dos o tres años. No más, quizás menos.
