¿A qué
criterio responde el mapa autonómico actual? Digámoslo claro: a
ninguno. ¿Cómo se elaboró? Sin establecer previamente ningún
diseño racional, sino atendiendo a conveniencias políticas, a
apaños y acuerdos entre bambalinas. Se hizo de forma atolondrada y
sin el más mínimo rigor.
Lo lógico hubiera sido establecer un
criterio general básico que atendiera, no a fantásticos orígenes,
sentimientos, esencias o derechos históricos, sino a elementos
objetivos como la geografía, la lengua y el número de habitantes,
estableciendo un mínimo poblacional que garantizara cierta
eficiencia en la prestación de servicios públicos, que al fin y al
cabo es a lo que se dedican las comunidades autónomas (CC.AA.).
¿Cómo
podemos justificar hoy la existencia de comunidades uniprovinciales
como La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria o Navarra, al lado de
otras como Castilla y León o Andalucía? El actual mapa autonómico
debería ser sustituido por otro más racional, más equilibrado, que
responda a criterios objetivos como la mejora de los servicios
públicos, de estímulo al desarrollo productivo y una mejor
organización administrativa. Una reforma técnicamente justificada
pero que igualmente busque la igualdad de todos los ciudadanos en el
acceso a la educación, la sanidad, el trabajo y las comunicaciones. Esa reforma la propongo desarrollada y justificada en mi libro Una reforma territorial para España, pero la avanzo aquí.
¿Cuántas
CC.AA. son necesarias? 17 son demasiadas. Alemania tiene 16 con un
75% más de población, y numerosos estudios realizados en el país
bávaro proponen reducirlas aún más. En Brasil la población media
por región es de 7,3 millones de media; en Estados Unidos, de 6,2
millones; en Sudáfrica, de 5,6 millones; y en Alemania, de 5,1
millones de habitantes por territorio. España tiene unos 2,8
millones de habitantes por comunidad autónoma, pero debería
aproximarse a la ratio de Alemania. La multiplicidad de CC.AA. con
pequeña población genera sobrecostes en sus gastos de
funcionamiento y, lo que es peor, multiplica el número de normas que
cumplir sin estar justificado por el pequeño número de habitantes
gobernados. Lo lógico sería imponer una población mínima y marcar
nuevos confines a las regiones, reduciéndolas, con el fin de
racionalizar costes, servicios y nuevas funciones, eliminando así
una monstruosa burocracia y el consiguiente despilfarro.
Una
reducción en el número de regiones tendría tres efectos muy
positivos: a) En primer lugar supondría una notable disminución del
gasto público. El gasto estructural del Estado disminuiría. Se
haría lo mismo (y probablemente mejor) con menos dinero, algo
imprescindible para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas.
b) La supresión supondría una notable simplificación del
funcionamiento del Estado, en general, y de los órganos e
instituciones de cooperación e integración. Es más fácil poner de
acuerdo a diez o doce, que a diecisiete. c) Y desde un punto de vista
político, la supresión de aquellas comunidades que no se
fundamentaron sobre una auténtica demanda social de autogobierno,
reforzaría la identidad de las regiones en las que esa demanda es
real. No en vano, en diez CC.AA. los ciudadanos prefieren una menor
autonomía a la situación actual. En definitiva, con esta reducción
lograríamos un Estado más barato, más eficaz y más integrador.
Respecto
al primer punto, si se analizan los gastos de funcionamiento (gastos
de personal y gastos corrientes en bienes y servicios) de las CC.AA.
españolas, se observa que las CC.AA. con una población menor o
cercana al millón de habitantes tienen mayores gastos de
funcionamiento por habitante (2.100 euros por habitante). Estos
mayores gastos vienen a representar un sobrecoste de alrededor del
20% sobre la media nacional en el coste por prestación de los
servicios públicos (1.750 €). Las CC.AA. con una población entre
1,3 y 2,8 millones de habitantes muestran un gasto de funcionamiento
por habitante (1.725 €/hab.) en torno a la media (1.750 €/hab.).
Finalmente, las CC.AA. con más de 5 millones de habitantes tienen un
gasto por habitante de 1.500 €, lo que supone un 14% menos que la
media.
Es
decir, si todas las CC.AA. tuvieran más de cinco millones de
habitantes, los gastos de funcionamiento totales se reducirían en
torno a 11.500 millones de euros al año, con una prestación de
servicios igual o mejor que la actual. Esta cifra es mayor que la que
supuso los recortes en sanidad y educación implementados en 2012 por
el gobierno del Partido Popular, pero en este caso el ahorro no se
haría a costa de una reducción en el nivel de los servicios
públicos. Más importante incluso sería el impacto económico de la
reducción en el número de normas autonómicas (y la complejidad
innecesaria añadida) que la agrupación de CC.AA. comportaría.
Evidentemente existen circunstancias geográficas (el hecho insular
en Baleares y Canarias) e incluso de sentimiento histórico (Navarra,
País Vasco), que aconsejan mantener un régimen de autogobierno
propio para regiones con una población inferior a los cinco millones
de habitantes, pero muchas de las CC.AA. actuales fueron creadas
artificialmente a partir de 1978, por los intereses de sus élites,
sin una demanda real de autogobierno de sus poblaciones detrás.
Incluso con esas excepciones, el ahorro anual en gastos de
funcionamiento rondaría los 9.000 millones de euros.
¿Cómo
habría que reagrupar las regiones? Cualquiera diría que atendiendo
a aspectos económicos, geográficos e históricos, pero la
concreción es la que desataría pasiones pues la historia de
nuestras regiones ha entrecruzado a las unas con las otras en
numerosas ocasiones. Pero lo importante sería acercarnos en lo
posible a una ratio de 4-5 millones de habitantes por región de
media, tal y como proponen los estudios de eficiencia. Estos ratios
nos llevarían a unas 10-12 regiones, lo que se lograría básicamente
integrando a las CC.AA. uniprovinciales en otras más extensas. No
parece desdeñable un potencial ahorro de 9.000 millones de euros al
año como para ignorarlo.
