La importancia del tamaño subyace
en uno de los conceptos claves de la economía: las economías de escala. Se dice
que existen economías de escala cuando el coste de producción de un producto
decrece con el número de unidades producidas. Se trata de un fenómeno bastante
habitual en economía que conlleva que el número de empresas que pueden
abastecer de forma eficiente un mercado tiende a reducirse mientras ganan
tamaño.
Pues bien, si se aplica este mismo concepto a los municipios concluiremos en la conveniencia de un proceso de concentración municipal en España. De existir economías de escala en la prestación de los servicios municipales, el coste de su prestación se reducirá conforme se preste a más personas, así que agrupar municipios en otros mayores sería una estrategia sensata para ahorrar costes. Por ejemplo, en 2012 los municipios canarios con población inferior a 5.000 habitantes multiplicaban por dos el gasto medio de personal por habitante de las ciudades de más de cien mil habitantes, los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes lo superaban en nada menos que un 33% de media, y en un 25% los municipios entre 20.001 y 50.000 habitantes. Parece, pues, evidente la existencia de economías de escala en el tamaño municipal. De hecho, el Consejo de Europa ha concluido, tras un minucioso estudio, que resulta imposible que un municipio con menos de 10.000 habitantes ofrezca los servicios públicos locales que los ciudadanos reclaman a un coste efectivo razonable.
El proceso de concentración municipal en Europa se ha realizado en múltiples ocasiones. En Gran Bretaña se pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400, en Alemania se redujeron de 25.000 a 8.400, en Bélgica de 2.359 a 596, o en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000. Pero no se ha realizado en España desde hace más de doscientos años. En la actualidad nuestro país
cuenta con 8.117 municipios, lo que supone una ratio de un municipio por cada
5.000 habitantes aproximadamente. Ello choca con los datos de Estados Unidos,
donde hay cerca de 20.000 municipios para una población superior a los 300
millones de habitantes, una ratio de un municipio por cada 15.000 habitantes,
tres veces más que en España; o con el caso de Alemania, en el que existen
cerca de 8.500 municipios en un país de 82 millones de habitantes, una ratio de
un municipio por casi 10.000 habitantes, el doble que en España. Así, la
reducción de municipios debería ser una reforma ineludible para racionalizar el gasto de las administraciones públicas, y dedicarlo a la prestación de servicios a los ciudadanos y no a mantener permanentemente gasto improductivo.
Aunque este asunto, junto a una
completa reforma territorial para España, lo analizo en mayor profundidad en mi
libro, mencionaré aquí que parece razonable reducir el número de municipios
para que ganan tamaño a través de procesos de fusión que, a mi juicio,
podrían utilizar a las comarcas como aglutinadoras. El mapa comarcal en general
puede considerarse aceptado, y, si no todas, bastantes comarcas podían integrar
en su seno a los municipios existentes para formar nuevos municipios que
unieran las capacidades brindadas conjuntamente por el tamaño de la comarca y
por los poderes del municipio. Esto reduciría el número de municipios actuales
en toda España de 8.112 a un número entre 400 y 800.
Así, los municipios españoles deberían
contar con al menos 20.000 habitantes, excepto si su núcleo más poblado estuviese situado, por
ejemplo, a más de 30 km (o 40 km, o los que se acuerden) del núcleo más poblado de
cualquier otro municipio de su misma provincia. Igualmente debería procederse a
la fusión, independientemente de la población de los municipios, cuando se
produjera la confusión de los principales núcleos de población de dos
municipios, de modo que no existan dos comunidades diferenciadas con
intereses distintos, sino un único colectivo con intereses y preocupaciones
comunes. De esta forma, los pocos municipios realmente alejados de otros
conservarían su tamaño actual, pero todos los cercanos se agruparían en uno
solo, y es que si bien hace dos siglos una distancia de treinta kilómetros
requería al menos un día de viaje, hoy en día incluso en carreteras locales
puede realizarse en media hora o menos. De la misma manera, los núcleos de
cualquier población unidos en la práctica se gestionarían de manera unitaria,
lo que permitiría ofrecer mejores y más eficaces servicios públicos,
especialmente en el transporte.
Naturalmente esta reforma tiene
un único perjudicado: la élite política que nos gobierna y que no ha perdido
ninguno de sus privilegios durante la crisis. Una reforma como la propuesta en
estas líneas reduciría en España el número de concejales en 45.000 personas. Y
a éstos habría que añadirles el personal de confianza que los acompaña, junto
con la legión de “enchufados” introducidos como personal laboral indefinido o
eventual en las administraciones, fundaciones y empresas públicas locales.
