En economía la teoría de la elección social trata sobre la toma de decisiones colectivas a partir de las preferencias de los individuos que conforman una sociedad. Uno de los aspectos que analiza es el de los métodos de votación socialmente óptimos. Y el sistema electoral canario resulta el más desproporcionado del mundo, el peor. En las pasadas elecciones, las paradojas han sido muy provocadoras. La más llamativa es que un partido (ASG) logró tres escaños con apenas el 0,6% del total de votos, mientras que otro (Ciudadanos) no obtuvo ningún escaño con diez veces más votos (5,93%). De igual forma, los tres partidos más votados obtuvieron escaños dispares con porcentajes muy parecidos de votos. Y finalmente, nada menos que 173.000 votos (casi el 20% del total) fueron directamente a la “basura” al no obtener representación parlamentaria.
Tales paradojas se producen por dos hechos. La primera es una asignación inicial de escaños a las circunscripciones insulares que es independiente de la población. Las islas menores están sobrerrepresentadas, lo que hace que el voto de un herreño “valga” tanto como el de casi diecisiete tinerfeños. Pero también existen paradojas en la representación de las distintas islas menores, de tal forma que La Palma, con 82.000 habitantes, elige un diputado más que Fuerteventura, con 107.000 habitantes. Por todo ello, en Canarias nada menos que el 33% de los escaños están asignados a circunscripciones electorales que no los recibirían si no hubiera una desproporción inadecuada, y nuestro sistema electoral resulta ser el más desproporcionado del mundo, cuando la media mundial de desproporción es de apenas un 7% (en España un 9,6%). El segundo hecho son los elevados mínimos (30% de los votos de una isla o 6% de la región) que se exigen para acceder al Parlamento. La rebaja del mínimo del 6% regional hubiera permitido la entrada de Ciudadanos en el Parlamento, pero no evitaría las otras paradojas del sistema.
Por estos motivos no resulta extraño que se vaya a crear una Comisión que analice la reforma del sistema electoral canario. Existen varias propuestas sobre la mesa, pero en estas líneas me permitiré esbozar para el debate otra que, no solo resuelve los problemas planteados anteriormente, sino también otro, generalizado en los distintos sistemas electorales españoles, como es la escasa conexión y rendición de cuentas entre representantes y representados.
Se trataría de elegir a nuestros representantes en dos niveles. En el primero, se obviarían las circunscripciones insulares y se reducirían y acercarían mucho más a los electores, dividiendo el archipiélago en 40 distritos unipersonales de una media de 52.000 habitantes. En cada uno de ellos, los ciudadanos dispondrían de una sola papeleta en la que marcarían el nombre de su candidato predilecto de entre los ocho o diez posibles candidatos a elegir, resultando elegido uno y solo uno, el más votado. Los candidatos deberían dirigirse a un grupo reducido de electores, normalmente agrupados por comarcas, con inquietudes locales muy específicas que deberían intentar satisfacer, dado que su elección personal dependería de ello. El tamaño máximo del distrito sería la isla, de tal modo que El Hierro y La Gomera elegirían al menos un representante cada una, pero el resto de las islas se dividiría en distritos más reducidos. Con ello, dada la escasa importancia de los votos de algunas comarcas en las islas mayores respecto del total insular y los pocos diputados elegidos en éstas, zonas cuyos intereses ahora están casi ausentes del Parlamento, como la Isla Baja, el Valle de Güimar, Abona o Acentejo en Tenerife, tendrían su propio representante que velaría porque su voz su hiciera oír. Eso sí, con un peso proporcional al de su población (en torno a 50.000 habitantes cada una). Las grandes ciudades, por el contrario, elegirían varios diputados, pero siempre con un representante por cada 50.000 habitantes. Así Santa Cruz de Tenerife elegiría un representante por la zona centro, otro por Ofra-Costa Sur, otro en Salud-La Salle y otro en el Suroeste. Teniendo en cuenta que las competencias autonómicas más relevantes (sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras) tienen un carácter eminentemente territorial, los intereses locales se verían así mejor representados. Los ciudadanos podrían dirigirse a “su” diputado para hacerle llegar sus inquietudes y los diputados dedicarían buena parte de su tiempo a estar en contacto con sus electores, por la cuenta que les trae si desean resultar reelegidos, lo que ya no dependería del puesto de la lista en que lo colocasen, sino de su popularidad en su distrito.
El segundo nivel sería regional y elegiría a veinte diputados. En este nivel se calcularía primero el número de diputados que correspondería a cada partido en proporción directa al porcentaje de votos obtenidos en toda Canarias. Los partidos que hubieran obtenido menos diputados en la elección por distritos de los resultantes de este cálculo en circunscripción única, recibirían un número de diputados igual a la diferencia de cada fuerza hasta que se completasen los veinte que se otorgan en este segundo nivel. Pero tampoco a nivel regional los candidatos se elegirían confortablemente a través de listas de partido cerradas, como ahora. En su lugar, resultarían elegidos los candidatos derrotados con un mayor número de votos en los distritos locales, esto es, los mejores candidatos derrotados. Así, se premiaría a los candidatos que, aunque derrotados, hubieran aportado más votos al “saco” común de votos que se utiliza para asignar representantes en este nivel.
Tales paradojas se producen por dos hechos. La primera es una asignación inicial de escaños a las circunscripciones insulares que es independiente de la población. Las islas menores están sobrerrepresentadas, lo que hace que el voto de un herreño “valga” tanto como el de casi diecisiete tinerfeños. Pero también existen paradojas en la representación de las distintas islas menores, de tal forma que La Palma, con 82.000 habitantes, elige un diputado más que Fuerteventura, con 107.000 habitantes. Por todo ello, en Canarias nada menos que el 33% de los escaños están asignados a circunscripciones electorales que no los recibirían si no hubiera una desproporción inadecuada, y nuestro sistema electoral resulta ser el más desproporcionado del mundo, cuando la media mundial de desproporción es de apenas un 7% (en España un 9,6%). El segundo hecho son los elevados mínimos (30% de los votos de una isla o 6% de la región) que se exigen para acceder al Parlamento. La rebaja del mínimo del 6% regional hubiera permitido la entrada de Ciudadanos en el Parlamento, pero no evitaría las otras paradojas del sistema.
Por estos motivos no resulta extraño que se vaya a crear una Comisión que analice la reforma del sistema electoral canario. Existen varias propuestas sobre la mesa, pero en estas líneas me permitiré esbozar para el debate otra que, no solo resuelve los problemas planteados anteriormente, sino también otro, generalizado en los distintos sistemas electorales españoles, como es la escasa conexión y rendición de cuentas entre representantes y representados.
Se trataría de elegir a nuestros representantes en dos niveles. En el primero, se obviarían las circunscripciones insulares y se reducirían y acercarían mucho más a los electores, dividiendo el archipiélago en 40 distritos unipersonales de una media de 52.000 habitantes. En cada uno de ellos, los ciudadanos dispondrían de una sola papeleta en la que marcarían el nombre de su candidato predilecto de entre los ocho o diez posibles candidatos a elegir, resultando elegido uno y solo uno, el más votado. Los candidatos deberían dirigirse a un grupo reducido de electores, normalmente agrupados por comarcas, con inquietudes locales muy específicas que deberían intentar satisfacer, dado que su elección personal dependería de ello. El tamaño máximo del distrito sería la isla, de tal modo que El Hierro y La Gomera elegirían al menos un representante cada una, pero el resto de las islas se dividiría en distritos más reducidos. Con ello, dada la escasa importancia de los votos de algunas comarcas en las islas mayores respecto del total insular y los pocos diputados elegidos en éstas, zonas cuyos intereses ahora están casi ausentes del Parlamento, como la Isla Baja, el Valle de Güimar, Abona o Acentejo en Tenerife, tendrían su propio representante que velaría porque su voz su hiciera oír. Eso sí, con un peso proporcional al de su población (en torno a 50.000 habitantes cada una). Las grandes ciudades, por el contrario, elegirían varios diputados, pero siempre con un representante por cada 50.000 habitantes. Así Santa Cruz de Tenerife elegiría un representante por la zona centro, otro por Ofra-Costa Sur, otro en Salud-La Salle y otro en el Suroeste. Teniendo en cuenta que las competencias autonómicas más relevantes (sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras) tienen un carácter eminentemente territorial, los intereses locales se verían así mejor representados. Los ciudadanos podrían dirigirse a “su” diputado para hacerle llegar sus inquietudes y los diputados dedicarían buena parte de su tiempo a estar en contacto con sus electores, por la cuenta que les trae si desean resultar reelegidos, lo que ya no dependería del puesto de la lista en que lo colocasen, sino de su popularidad en su distrito.
El segundo nivel sería regional y elegiría a veinte diputados. En este nivel se calcularía primero el número de diputados que correspondería a cada partido en proporción directa al porcentaje de votos obtenidos en toda Canarias. Los partidos que hubieran obtenido menos diputados en la elección por distritos de los resultantes de este cálculo en circunscripción única, recibirían un número de diputados igual a la diferencia de cada fuerza hasta que se completasen los veinte que se otorgan en este segundo nivel. Pero tampoco a nivel regional los candidatos se elegirían confortablemente a través de listas de partido cerradas, como ahora. En su lugar, resultarían elegidos los candidatos derrotados con un mayor número de votos en los distritos locales, esto es, los mejores candidatos derrotados. Así, se premiaría a los candidatos que, aunque derrotados, hubieran aportado más votos al “saco” común de votos que se utiliza para asignar representantes en este nivel.
El resultado final es que la desproporción se reduciría de
un 33% a un 3,5%, y convertiría al canario en uno de los sistemas menos
desproporcionados del mundo. Y además resolveríamos el problema de desconexión
entre elector y representante, atendiendo al grito de “no nos representan”,
ciertamente justificado en nuestro actual sistema electoral.
