Hay un problema relacionado con la selección de las élites
y el sistema electoral que hace imposible esperar una buena gobernanza en
España: la falta de incentivos para rendir cuentas. La corrupción no tiene
consecuencias, porque mientras el político corrupto sea leal a la dirección,
ésta lo “colocará” en un lugar elegible de la lista cerrada que se presenta a
los electores como un “lo tomas o lo dejas”, lo que vuelve crónica la
corrupción en España.
La agencia Europa
Press ha reunido información sobre 130 causas judiciales de corrupción que
suponen la existencia de 1.900 imputados y al menos 170 condenados en noviembre
de 2014[1]. Por otro lado, el número
de municipios afectados por casos de corrupción municipal entre los años 2000 y
2010 asciende a nada menos que el 8,4% en toda España[2], aunque algunas CC.AA.
presentan porcentajes de municipios implicados mucho mayores. Así, en esos años el 58% de los municipios murcianos, el 40% de los canarios, el 36% de los baleares, y más del 20% de los asturianos, madrileños, gallegos y andaluces, se veían implicados en casos de corrupción en esa década.
Pese a que no se recogen
ni se publican de forma sistemática, estos datos muestran que la corrupción no
es ni mucho menos esporádica ni ocasional. Según la Comisión Europea el 69% de las empresas españolas cree que desde las administraciones públicas se favorece a los amigos y la familia. El 97% cree que la corrupción está muy o bastante extendida en el país, el 83% que existe corrupción en la contratación pública en las autoridades nacionales, y el 90% en las autoridades regionales y locales. El 30% cree que los sobornos son frecuentes en España, el 86% que están extendidos entre las autoridades nacionales y el 88% entre las regionales y las locales.
En nuestro país se tiende a confundir las responsabilidades
políticas con las penales, de modo que no existen las primeras sin las
segundas, así como a apelar de forma interesada a la presunción de inocencia
para evitar la asunción de responsabilidades políticas, de modo que parece
necesaria una regulación del acceso y la permanencia de un cargo representativo
cuando se está inmenso en un procedimiento judicial. Nuestros representantes
políticos son reacios a asumir responsabilidades políticas cuando son investigados
o enjuiciados, y se aprovechan de su puesto para retrasar o eludir las
actuaciones judiciales, utilizando los recursos jurídicos públicos para sus
problemas privados, ocultando pruebas o incluso represaliando a quienes “se han
ido de la lengua”, de modo que parece conveniente que el cargo público sea
apartado de sus responsabilidades para facilitar la instrucción judicial, y que
ningún político bajo sospecha de corrupción política siga en un cargo público.
Por todo ello, cualquier cargo público al que se investigue por corrupción
política debería quedar inhabilitado para continuar ejerciendo como tal, y
abandonar la vida pública hasta que solucione sus problemas con la justicia.
Así pues, dentro de la Ley de Partidos Políticos debería
incluirse la inelegibilidad de las personas imputadas por delitos de corrupción
política[3], así como la obligada
renuncia a sus cargos electos y orgánicos cuando se les impute o investigue por
un delito penal de corrupción política. De esta forma se eliminan los imputados
(ahora denominados “investigados”) por corrupción política de las listas
electorales y los cargos públicos, evitando que puedan permanecer en sus cargos
en el caso de ser formalmente acusados. Distingo entre delitos de corrupción
política y otro tipo de delitos, así como entre aquellas imputaciones que, de
confirmarse, conllevarían pena de prisión de otro tipo de penas, ya que, en mi
opinión, no cabe que un sospechoso de este tipo de delitos con pena de prisión
ejerza o se presente candidato a ejercer un cargo en el que volverá a tener
posibilidades de cometer los delitos de los que se le acusa. Si un
representante político está siendo investigado por ese tipo de delitos, lo que
procede es que se retire temporalmente de la vida pública y dedique sus
esfuerzos a dejar clara su inocencia. Una vez hecho esto podrá volver a la vida
política sin sombra de sospecha. Si un político con indicios de corrupción no
se centrara en resolver sus problemas con la Justicia antes de presentarse a
unas elecciones o ejercer su cargo público, sucederían tres cosas, ninguna de
ellas buena: 1ª) sería inevitable que al menos parte de sus esfuerzos se
dedicaran a resolver sus problemas personales y no los del ciudadano, 2º) toda
su actividad política se cubriría con una manto de sospecha, y 3º) de resultar
elegido cargo público o continuar en su puesto, seríamos los ciudadanos los que
cargaríamos con los costes de su defensa pues, como resulta habitual,
utilizaría los recursos humanos y materiales de las administraciones públicas
para su mejor defensa, ya que afirmaría estar siendo sometido a un “juicio
político” por su cargo.
La
presunción de inocencia debe respetarse, pero ante la ley, no ante los
ciudadanos. Para los ciudadanos lo mejor es que el político se desvincule de
los asuntos públicos y se dedique a sus menesteres privados mientras resuelve
sus problemas con la justicia. Naturalmente, para los numerosos políticos que
han hecho de la res pública su forma
de vida y que no saben hacer otra cosa, esta decisión es considerablemente
dura, pero este hecho no supone un quebradero de cabeza para los que creemos
que la política no debería ser un trabajo o una forma de vida, sino una
ocupación de paso, donde durante unos años se devuelve a la sociedad los
conocimientos y experiencias que ésta nos ha aportado en nuestra vida, antes de
volver de nuevo a nuestras ocupaciones privadas.
Extracto del libro "Voto útil: cómo elegir a nuestros políticos".
[1] Europa Press. Corrupción en España: más de 1.900 imputados
y al menos 170 condenados en más de 130 causas. Europa Press, 2014.
[2] JEREZ, Luis M.; Víctor O.
MARTÍN, y Ramón PÉREZ. Aproximación a una
geografía de la corrupción urbanística en España. Ería, 2012.
[3] Aunque estos delitos no
están sistematizados en nuestro Código Penal, en ausencia de la misma, deberían
entenderse como tales las penas de prisión por delitos contra la Administración
Pública establecidos en el Título XIX del mismo. A saber, abandono de destino y
de la omisión del deber de perseguir delitos; infidelidad en la custodia de
documentos y violación de secretos; cohecho; tráfico de influencias;
malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su
función; y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
