La
aparición de los llamados “papeles de Panamá” es una masiva filtración de 11,5
millones de documentos que ha dejado al descubierto la relación de importantes
figuras mundiales con el despacho de abogados panameño Fonseca, el quinto del
país. España, faltaría más, tiene sus nombres propios incluidos en esa lista: según
El Confidencial y La Sexta, entre esos millones de documentos hay 1.200
sociedades, 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios españoles.
Como
siempre en estos casos, el ruido que acompaña a la noticia dificulta la
capacidad de los ciudadanos de separar el grano de la paja, lo sustancial de lo
accesorio. Intentaré en este artículo hacer un esfuerzo en ese sentido.
Para
empezar, ¿para qué sirve una sociedad en Panamá? A primera vista, ese país es
un lugar donde los impuestos son muy bajos y parece un buen refugio para quién
haya podido acumular algunos fondos y no desee que el insaciable fisco
doméstico se quede con una buena parte de ellos. La inmensa mayoría de los
titulares (que no la inmensa mayoría de los fondos) de esas empresas son
personas que han obtenido su patrimonio de actividades perfectamente legales:
artistas, deportistas, empresarios, profesionales o simplemente herederos de
fortunas, que no desean hacer frente a los fuertemente progresivos impuestos
sobre la renta de los países donde residen. En el pasado (durante los años
ochenta y noventa) existían además buenos motivos operativos para que una
empresa mantuviera cuentas en el extranjero si trabajaba con empresas extranjeras.
Las transferencias internacionales eran complicadas desde y hacia España por
retrasos y trabas de todo tipo, y con este fin resultaba más práctico utilizar
una cuenta en estos países, donde estaban más habituados a esta clase de
transacciones. Pero estas dificultades operativas hace tiempo que
desaparecieron.
¿Son
legales esas sociedades? Por supuesto que sí. Pero si son legales, ¿a qué viene
este escándalo? Hasta ahora, las informaciones periodísticas no han puesto de
manifiesto delito alguno, ni siquiera fiscal. Al fin y al cabo, cualquier
residente en España debe tributar en nuestro país por todos sus ingresos, hayan
sido obtenidos éstos en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales.
Es decir, para un residente en España (alguien que vive en nuestro país durante
más de la mitad del año), siempre que cumpla con sus obligaciones fiscales y
declare las rentas obtenidas en el extranjero, no hay beneficio fiscal alguno
en la reducida fiscalidad de los paraísos fiscales. Debe tributar por todos los
ingresos obtenidos en todo el mundo. Pero entonces, si para un residente en
España que cumple sus obligaciones no hay beneficio fiscal en crear una
sociedad en esos territorios, ¿por qué lo hacen?
Algunos
por la seguridad de tener sus ahorros repartidos en diferentes países a salvo
de contingencias nacionales (corralitos, embargos, quiebras nacionales, etc.),
lo que es hasta razonable según donde vivas. Después de todo, España estuvo a
un tris de irse al garete hace menos de un lustro y muchas familias buscaron en
estos refugios la manera de salvar sus ahorros de la eventualidad de un bloqueo
de las cuentas y una conversión forzosa en una nueva peseta de escaso valor. No
digamos nada si vives en Argentina y Venezuela, que quiebran cada veinte años.
Otros
porque no declaran las rentas allí obtenidas, y eso sí que es ilícito y hasta
inmoral, especialmente si en tu país de residencia te beneficias de
subvenciones que no contribuyes a sufragar. Aun así, no es éste el principal
problema de fraude. Las estimaciones más optimistas de los impuestos
potencialmente defraudados por la existencia de paraísos fiscales apenas
ascienden al 1% de los ingresos tributarios de los Estados, lo que en España
supondría algo más de 4.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el
déficit de 2015 en nuestro país ascendió a 55.000 millones de euros, esa cifra apenas
supone el 7,2% del total del déficit. Es un pico, pero no solucionaría ninguno
de nuestros problemas de fraude fiscal, localizados en pagos realizados en
efectivo en nuestro propio país y no declarados.
Y
finalmente unos pocos, pero que mueven la mayoría de los fondos, porque
utilizan las sociedades pantalla con el fin de blanquear dinero. Y es que la
gran popularidad de los paraísos fiscales se debe al secreto que imponen en las
transacciones. Un paraíso fiscal no intercambia información con las autoridades
fiscales de otros países. Nada se sabe de las entradas y salidas de dinero
desde las cuentas de la sociedad creada, ni de sus participaciones en otras
sociedades de, habitualmente, otras sociedades radicadas en otros paraísos
fiscales. La práctica habitual para quien desea eludir los controles es crear
una sociedad pantalla en uno de estos paraísos y que sea esta sociedad la que
participe de otras, que a su vez participan de otras que finalmente tienen el
dinero depositado en otro país. Todo ello para esconder el nombre del verdadero
dueño de ese dinero.
Lo
más grave es que esta minoría encubre los resultados de actividades ilícitas y
utilizan esas y otras sociedades con el fin de blanquear el dinero de esas
actividades delictivas y reintroducirlo en la economía real. Así, el tráfico de
armas, de drogas, la trata de blancas, el terrorismo internacional y sátrapas
de todo pelaje utilizan estas sociedades pantalla para ocultar los resultados
de sus actividades ilegales. Los paraísos fiscales se han convertido en depuradoras
de dinero negro y refugio de grupos organizados de delincuentes. Y ante ese
hecho sí que los países deben actuar imponiendo sanciones no a los países con
baja tributación, sino a los que no colaboren suministrando información. Pero para
ser efectivo debe ser un esfuerzo coordinado entre la mayoría de los países
desarrollados, que nunca se ha producido. Quizás porque no les interesa.
Artículo publicado en El Día el 17/04/16.
Artículo publicado en El Día el 17/04/16.
