El
pasado miércoles 24 de febrero, PSOE y Ciudadanos firmaron el “Acuerdo para un
gobierno reformista y de progreso”. En general el acuerdo resulta coherente, moderado
y centrista, con cesiones mutuas para facilitar el consenso. Es un acuerdo que
el 75% de los ciudadanos podría aceptar en la mayoría de sus puntos, aunque
pocos compartirán el 100% de su contenido. Yo tampoco lo hago, pues apruebo
alrededor del 60% y detecto algunas carencias, pero resulta un acuerdo
aceptable en aras del necesario consenso.
Dado
que, por problemas de espacio, resulta imposible comentar en esta columna todos
sus aspectos, me centraré únicamente en los laborales que ocupan buena parte de
la polémica inicial. Lo primero que hay que decir en este sentido es que, se
ponga como se ponga el PSOE, la reforma laboral de 2012 del PP afortunadamente
no se deroga ni mucho menos. Algo debemos haber hecho mal los economistas
durante los casi cuarenta años de nuestra democracia cuando no logramos hacer
comprender a un buen número de españoles que nuestro sistema de relaciones
laborales ha sido nefasto hasta la reforma de Felipe González de 1994, malo
desde entonces hasta la reforma del PP de 2012, y mediocre en los últimos años.
Como indica el preámbulo de los aspectos laborales en el propio Acuerdo, “España
ha sido el único país de la OCDE en el que la tasa de paro ha superado el 20%
hasta en tres ocasiones desde 1980. Además, el porcentaje de trabajadores
temporales respecto del total ha ido aumentando progresivamente, hasta superar
significativamente la media de la UE. Solo por estas cifras se podría señalar
que el funcionamiento del mercado laboral ha sido uno de los grandes fracasos
de nuestra democracia.” Derogar la reforma de 2012 supondría retroceder de un
sistema de relaciones laborales mediocre a otro malo, el existente antes de esa
fecha, cuya inflexibilidad en lo referente a los salarios y jornadas de trabajo
condujo a que las empresas en lo más álgido de la crisis se adaptaran a la
caída de ventas de la única manera que se les permitía: despidiendo
trabajadores o cerrando. Y despidieron a más de 3,5 millones de trabajadores
mientras se incrementaba los salarios de los que conservaban el empleo entre un
3% y un 6%. Ridículo y dramático.
En
el documento no aparece la derogación de la reforma laboral que el PSOE llevó
en su programa. Lo que el acuerdo recoge son cambios, como la supresión de la
prioridad del convenio de empresa sobre convenios de ámbito superior en lo que
hace referencia a la jornada y salario base, el mantenimiento de la
ultraactividad de los convenios durante un periodo de renegociación de 18
meses, la reducción a tres modalidades de contrato (indefinido, en prácticas y
estable de duración limitada), incentivos a aquellas empresas que creen empleo
estable mediante cotizaciones sociales y penalizaciones a las que abusen de la
rotación laboral, y la llamada “mochila austriaca” para favorecer la movilidad
laboral.
Ciudadanos
renuncia al contrato único como tal, pero rescata alguna de sus características
en el contrato estable de duración limitada acotado en el tiempo, con
indemnizaciones por despido crecientes, por lo que la indemnización media de
los trabajadores temporales aumentaría. Sin embargo, en el documento no se
define la causalidad en la contratación temporal, que es la “madre del cordero”
para acabar con el fraude de ley por el que muchas empresas usan contratos
temporales para puestos indefinidos. De cómo se recoja esa causalidad en la
legislación dependerá en parte que la reforma reduzca o no la temporalidad.
El
mantenimiento de la ultraactividad de los convenios, esto es, su vigencia
indefinida hasta la firma de un nuevo convenio, considero que es un paso atrás,
pues retrocede a la situación anterior no a 2012, sino a 2008, en la que un
grupo privilegiado de trabajadores, generalmente empleado en servicios públicos
esenciales, podía mantener sine die
unas condiciones de trabajo muy por encima de las de mercado, arrancadas bajo
presión al gobierno de turno, con la simple estrategia de no llegar nunca a un
nuevo convenio que las rebajase. Los controladores aéreos son el ejemplo más
relevante de esta práctica, pues, tras lograr en 1998 sueldos de 350.000 euros
y la autorregulación de la gestión y control del tráfico aéreo en España se
negaron a cambiar una coma del convenio aferrándose a su ultraactividad.
Lo
más novedoso en lo laboral es la introducción de incentivos sobre cotizaciones
sociales en función de la temporalidad (bonus/malus)
y el nuevo fondo para financiar parte del coste del despido conocido como “mochila
austríaca”. Aquí se ve la mano de Ciudadanos. La regulación desincentiva a las
empresas que abusen de un exceso de despidos en los contratos estables mediante
el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que incentiva (bonus) en las cotizaciones a aquellas
empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de
contratos indefinidos. Por otro lado, se crea un nuevo fondo (la “mochila”
austríaca) que se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la
indemnización por despido. Esta “mochila” se la podrán llevar los trabajadores
a un nuevo empleo, favoreciendo la movilidad laboral (desincentiva que se
rechace una oferta laboral mejor para no perder el derecho a la indemnización
por despido) o disfrutarla en la jubilación si nunca son despedidos. Son dos
medidas muy interesantes y eficaces.
España
necesita un mercado de trabajo que cree empleo estable durante las fases
expansivas, con un salario vinculado a la competitividad de la empresa, y que
en las crisis la necesaria flexibilidad se produzca en forma de reducción de
salarios o de jornada y no únicamente mediante despidos, para evitar que
nuestra tasa de paro supere el 20% en cada crisis. Este programa sería un paso
más en esa dirección, pero no la solución final, me temo.
Artículo publicado en El Día, el 28/02/16.
