La
España de las Autonomías es un desastre. Visto con perspectiva, el intento de
lograr el encaje de las nacionalidades vasca y catalana dentro del estado surgido de la
Constitución de 1978 no ha funcionado, y no haberle dado una solución
satisfactoria es el más
importante fracaso de la actual Constitución.
Esto
equivale a decir que políticamente el Estado autonómico ha fracasado en
su principal objetivo, porque el principal motivo político para la
descentralización prevista en la Constitución no fue otro que encontrar
solución al histórico problema de la reivindicación nacionalista en esos
territorios. Pese a la generosidad y el espíritu de concordia que alumbró
aquella Constitución, en el que todas las fuerzas sociales y políticas cedieron
en parte de sus pretensiones para ponerse de acuerdo en lo fundamental, ese
espíritu se ha perdido con el transcurso del tiempo y lo que ahora predomina es
el comportamiento desleal por parte de las comunidades vasca (con el Plan
Ibarretxe de 2005) y catalana (con el referéndum por la independencia de 2014).
La carencia de un diseño final de la organización territorial del Estado y de
límites en el proceso de descentralización política, configurado como un
sistema abierto e impulsado de abajo-arriba a partir del denominado principio
dispositivo, que otorgó en el momento constituyente el ejercicio del derecho de
acción a las provincias, y a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en la
actualidad, nos ha conducido a un modelo de descentralización irracional e
insostenible, con un Estado que apenas puede cumplir con sus funciones y
responsabilidades y unas CC.AA. cada vez más centradas en sus particularidades
y menos en el interés general.De igual manera, en lugar de acercar la administración al ciudadano, como se publicitaba, las Autonomías han extendido y multiplicado el clientelismo, la arbitrariedad y el despilfarro en sus territorios, con ausencia total de control sobre las connivencias entre políticos y los nuevos caciques que se han arrimado a ellos. Crearon así enormes e inútiles estructuras donde colocar a sus partidarios y conocidos y desataron un enorme intervencionismo sobre la vida de individuos y empresas, con el fin de que su influencia fuese indispensable para retirar las obstáculos que, artificialmente, las mismas autonomías habían colocado en su camino con la multiplicación de normas en su mayor parte innecesarias. Y es que su objetivo último no era adecuar las normas generales a la realidad diferenciada de sus territorios, sino imponer barreras a la entrada de competidores, favorecer a los amigos en su particular versión del “capitalismo de amiguetes”, y fomentar la corrupción, de la que las élites políticas su nutrirían para vivir mejor. En conclusión, la descentralización política en España no ha servido para beneficiar a los ciudadanos, sino a los políticos territoriales y a su clientela política y empresarial afín.
La lógica de la diferenciación (los llamados “hechos diferenciales”), implícita en el artículo 2 de la Constitución que diferenciaba entre “nacionalidades y regiones”, se rompió por Andalucía, que en 1981 logró el acceso al grupo competencial máximo, reservado en principio para las autonomías históricas, abriendo el camino para que el resto de CC.AA. acabara haciendo lo mismo. Así, desde los años 90, tal y como describe Rodríguez Bereijo[1] “se inició una carrera hacia la igualación competencial que culminó en la burbuja política de diecisiete fragmentos de Estado emulando miméticamente la arquitectura institucional del Estado y todos sus aparatos. Burbuja que estalló con la crisis económica y financiera al compás de las otras dos burbujas, la inmobiliaria y la financiera. Se cierra así el dramático cuadro de la crisis del Estado en la que estamos instalados hoy en España”.
El actual desafío de algunos territorios a la unidad de España no es un asunto reciente. Ortega y Gasset decía durante la 2ª República, que “la cuestión catalana no se puede resolver, solo se puede conllevar”. De hecho, la “República Catalana” fue proclamada dos veces (en 1931 y 1934) por Francesc Macià y Lluís Companys, respectivamente, aunque esas proclamaciones acabaron en nada. La primera pacíficamente y con acuerdo; y la segunda con el envío de tropas republicanas, la detención de Companys y su Gobierno, cuarenta y seis muertos y la suspensión temporal de la autonomía. Algunos autores comparan la actual efervescencia nacionalista con la fiebre causada por algún virus, que experimenta fases agudas de vez en cuando, como en la actualidad, y ante lo único que hay que hacer es esperar a que la fiebre baje. Otros recomiendan reconocer que España es un estado plurinacional, y delegar nuevas y blindadas competencias a las naciones “internas”. Y unos pocos, como yo mismo, creemos que el Estado de las Autonomías funciona francamente mal y que lo que procede es reformarlo bajo los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, que es al fin y al cabo lo que importa, de modo que nuestro Estado del bienestar sea sostenible. Si España funciona bien no será tan atractivo abandonarla.
Sobre este asunto se han escrito muchos libros y se escribirán muchos más. En mi obra, “Una reforma territorial para España”, presento mis propuestas de solución para los problemas diagnosticados. Considero que para salir de una forma constructiva de nuestro actual atolladero necesitamos concretar las posibles soluciones y reformas, detallando cómo debemos organizar España y, en definitiva, quién debe hacer qué y cómo. Así pues, la mayor parte del libro se centra en desarrollar una propuesta concreta de reforma territorial para España, que resuelva los problemas descritos. No tanto para proponer la redacción específica del nuevo texto, tarea que corresponde a los expertos, como para definir qué aspectos precisos deben reformarse y en qué sentido. Se trata de una obra escrita no para que la lean eruditos en derecho, sino cualquier persona con interés sobre el tema, aunque en buena medida he fundamentado mis propuestas en los análisis de prestigiosos especialistas en derecho constitucional.
[1] RODRÍGUEZ BEREIJO,
Álvaro, La Constitución y la articulación
del Estado español, Ed. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES),
Cuadernos de pensamiento político, Madrid, 2013.
