La
pasada semana se supo que la deuda pública había alcanzado en
España el nivel psicológico del 100% del PIB, un nivel que no se
veía en nuestro país desde 1909, como resultado del endeudamiento
provocado por las desastrosas guerras del 98. La diferencia es que
aquel año España estaba saliendo de una crisis y reduciendo la
deuda. Ahora está subiendo. Como la deuda se convirtió en
impagable, para solucionar entonces la cuestión se acabó
recurriendo a las quitas de la deuda. La alternativa tradicional en
España. Quebrar e impagar la deuda, una vez más. No en vano, la
bancarrota de las finanzas es casi una tradición histórica española
que se viene repitiendo desde el siglo XVI. Nuestro país fue el
primero en crear bonos y también el primero en dejar de pagarlos.
Ostentamos el record mundial de quiebras. Nada menos que trece desde
Felipe II. La última durante la guerra civil, aunque desde entonces
han pasado ochenta años, y ahora, dentro de la UE y convertido en un
país “serio”, no es una opción para España, excepto para
algunos iluminados.
En
España, la deuda ha pasado de suponer el 36% del PIB en 2007, a
superar el 100% en 2016. No es el único caso en la zona euro, ya que
otros países como Grecia (176,9%), Italia (132,7%), Portugal (129%),
Bélgica (106%) y Chipre (108,9%) sobrepasan también ese límite. Ni
que decir tiene que Grecia está quebrada de
facto y jamás devolverá esa
deuda, de modo que más tarde o temprano tendrá que someterse a una
reestructuración (esperemos que ordenada) de la deuda. Eso sí,
nadie le volverá a prestar dinero en décadas, tal y como la viene
sucediendo a Argentina desde la quiebra de 2001. Italia superó el
100% de deuda sobre el PIB en 1992 y jamás ha logrado reducirlo de
esa cifra. Portugal superó el 100% en 2011 y ahora alcanza el 129%.
Tampoco parece que vaya a salir nunca de esa espiral. Ninguno de
estos países es un modelo a seguir ni forma parte de los países con
mayor bienestar de Europa.
Lo
que intento decir es que reducir la deuda por debajo del 100% es muy
complicado. Ningún país ha sido capaz de reducir de forma relevante
y permanente su endeudamiento sin reestructuración o impago después
de haber alcanzado el 100% del PIB, ya que esa enorme deuda obliga a
destinar un porcentaje importante de los ingresos tributarios a pagar
sus intereses. Incluso en unas condiciones de financiación tan
ventajosas como las actuales debido a las compras de deuda soberana
por parte del Banco Central Europeo (BCE), a España el pago de los
intereses de la deuda le costará durante los próximos años
alrededor de unos 30-35.000 millones de euros. La compra de deuda por
parte del BCE reduce artificialmente la prima de riesgo y genera una
sensación de tranquilidad engañosa. En cuanto el BCE deje de
comprar deuda soberana el pago de esos intereses escalará hasta
alrededor de los 40.000 millones de euros anuales. Eso quiere decir
que deberíamos destinar un buen pellizco de nuestros impuestos para
pagar los intereses durante muchos años, lo que significa que la
política fiscal futura deberá ser aún más restrictiva y reducirá
la tasa de crecimiento y generación de empleo.
Lo
que el análisis histórico de las crisis financieras en el mundo
durante los últimos ocho siglos dicen es que una vez que la deuda
pública sobrepasa el 80% del PIB comienza a tener efectos negativos.
Hay quien piensa que España vive inmersa en un clima de austeridad,
pero nada más falso. Una economía con un déficit del 5% del PIB
cuando crece al 3% es una economía que vive por encima de sus
posibilidades.
El
hecho de que un país se endeude no es intrínsecamente negativo.
Cuando esa deuda se destina a invertir en infraestructuras que
generarán renta y bienestar futuro, no hay nada de malo en
endeudarse. Después de todo, si nuestros hijos y nietos disfrutarán
de los hospitales, carreteras y centros educativos que construyamos
hoy, justo es que colaboren en el futuro para pagarla. Pero las
administraciones públicas no se están endeudando para financiar
infraestructuras, sino gasto corriente. En 2016, el sector público
tiene previsto invertir en infraestructuras 24.000 millones de euros
(el 2,2% del PIB), mientras que destinará 32.000 millones (el 2,9%)
a satisfacer los intereses de la deuda y 30.000 millones (el 2,7%) a
financiar el déficit estructural de las pensiones. Este último
crecerá inexorable y paulatinamente en los próximos 20-30 años
hasta los 60.000 millones de euros (de ahora) por el envejecimiento
de la población.
En
precampaña electoral, nadie habla de cómo reducir la deuda pública
cuando el envejecimiento acelerado de la población en España nos
aproxima a una crisis demográfica sin precedentes, que hará que los
gastos en sanidad y pensiones se multipliquen al mismo tiempo que una
población cada vez menor se vea obligada a devolver una deuda cada
vez más abultada. De nada de eso se habla porque en España no se
toman decisiones ni se hacen reformas cuando se crece, que es cuando
resulta más sencillo digerirlas, sino cuando estamos al borde del
abismo. La compra de deuda soberana por parte del BCE, que reduce
nuestro pago por intereses hasta un nivel digerible, abre para
España una pequeña ventana de oportunidad para librar a las
próximas generaciones de una carga insoportable, pero no he
escuchado a ningún partido político comprometerse a destinar el
exceso de ingresos derivado de un alto crecimiento a reducir la deuda
y no al gasto corriente. No a acometer nuevos recortes, sino
simplemente a destinar los ingresos derivados de un elevado
crecimiento a devolver las deudas. Al contrario. Todos prometen
gastar más y/o reducir los impuestos como si no hubiera un mañana.
Y el mañana está a la vuelta de la esquina. El número de
defunciones supera ya por primera vez al de nacimientos en España.
España se convertirá en poco tiempo en el país más envejecido de
Europa. El mañana ya está aquí.
Artículo publicado en El Día el 29/5/16
