Artículo publicado en El Día el 31/01/16.
Han transcurrido ya seis semanas desde la celebración de las elecciones generales y la situación política española es de absoluto bloqueo. 42 días después del 20-D España no tiene un Gobierno con plenos poderes al frente del país. Se supone que en este periodo los partidos deberían haber estado trabajando seriamente para formar un Gobierno. Pero la realidad es que hasta ahora ni siquiera han comenzado a negociar. En España no hay apenas experiencia de negociaciones para acuerdos de legislatura y el periodo más largo que ha transcurrido entre unas elecciones y la investidura del Presidente del Gobierno es de 62 días, el tiempo que tardó Aznar en ser investido en 1996. Pero en ese caso la negociación se inició en la semana posterior a las elecciones, con el fin de asistir a la ronda de audiencias del Rey con los grupos políticos con los deberes hechos. Todo lo contrario que ahora, a pesar de que la situación actual es mucho más complicada. Cabe, pues, preguntarse legítimamente qué demonios han estado haciendo nuestros representantes políticos durante estas seis semanas. Si tuvieran un ápice de vergüenza devolverían el sueldo que han cobrado sin ganárselo.
Mientras tanto, el bloqueo político comienza a pasar factura a nuestra economía. Los potenciales inversores han puesto el freno de mano a sus inversiones en España y tienen buenos motivos para hacerlo porque la legislación laboral, el salario mínimo, las pensiones y la seguridad social podrían sufrir modificaciones más o menos radicales según quién gobierne. Especialmente cuando algunos “futuribles” han prometido “plantar cara” a Europa, siguiendo el camino marcado por Grecia, del que ya conocen el resultado: colas delante de los cajeros y recesión económica en apenas seis meses.
Lo peor es que el bloqueo político puede extenderse durante meses o, incluso, sine die a causa de un agujero en el procedimiento de investidura del Gobierno establecido en nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna establece que existe un plazo de dos meses para nombrar un Gobierno desde la celebración del primer debate de investidura o se convocarán nuevas elecciones de forma automática. Pero no hay plazo para proponer un candidato, y de las nuevas rondas de consultas pueden surgir otros candidatos que no lleguen a presentarse a investidura, porque el designado renuncie finalmente. Si ningún candidato se presenta ante el Congreso la situación se bloquea, pues el Presidente del Gobierno en funciones, conforme a la Ley del Gobierno, no puede disolver las Cámaras. Así pues, asistimos a la imprevista circunstancia de que nadie quiere presentar su candidatura porque nadie tiene "todavía" los apoyos suficientes. Apoyos que tampoco nadie se ha molestado seriamente en buscar, dicho sea de paso.
Pero no solo el proceso de investidura puede dilatarse indefinidamente si ningún candidato acepta la propuesta del Rey, sino que entre que éste encarga la investidura a un candidato y se celebra el primer pleno que inicia la cuenta atrás no hay ningún plazo máximo establecido. El Presidente del Congreso tiene potestad para otorgar al candidato el plazo que considere oportuno para que logre los apoyos necesarios, sea una semana, un mes o un año.
Y es aquí donde habría que concluir que nuestro procedimiento de investidura no funciona y proponer los cambios para que en el futuro no volvamos a sufrir un vacío de poder como el que nos ocupa. No es que debamos llegar al extremo de los cónclaves papales de finales del siglo XIII donde se encerraba a los cardenales a pan y agua en el palacio episcopal hasta que llegasen a un acuerdo, pero, sin llegar a medidas tan drásticas, podríamos modificar el procedimiento de investidura para utilizar fórmulas de “parlamentarismo negativo” como las implantadas en varios países del norte de Europa. En Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda y Reino Unido, el Primer Ministro accede al cargo sin contar con el consentimiento manifiesto del Parlamento. Existe la presunción de que el ejecutivo goza de la confianza parlamentaria mientras que las Cámaras no aprueben una moción de censura u otra propuesta que implique desconfianza en el equipo gobernante. El procedimiento para decidir quién gobierna mientras se presuma esa confianza varía de uno a otro, desde la designación directa por el Jefe del Estado hasta la del Presidente del Parlamento, pero, para el caso español, se podría aplicar la experiencia de algunas de nuestras CC.AA., como la del País Vasco, Asturias o la Comunidad Valenciana, en las cuáles la elección del Presidente se realiza de una forma similar a la del Presidente del Congreso. Esto es, se presentan los candidatos que aspiran al puesto y resulta elegido aquel que obtenga más votos. Este procedimiento podría desarrollarse a doble vuelta, de tal modo que, de no obtener ningún candidato la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, en la segunda se enfrentaran únicamente los dos candidatos más votados. Sería un procedimiento de elección y no de investidura, mediante el cual se escogería al candidato que contase con más apoyo parlamentario en relación con los demás. Con tal preferencia se presumiría que el electo goza de la confianza de la Cámara, aunque haya obtenido una minoría de votos del total de diputados, pues lo importante sería haber logrado un voto más que el siguiente candidato más votado. De presentarse un solo candidato, resultaría elegido de forma automática. La elección del Presidente del Gobierno podría realizarse a fecha fija 30 días después de celebradas las elecciones, y con este sistema en España contaríamos ya desde el 19 de enero con un Gobierno con plenos poderes y un Parlamento totalmente activo, en lugar de esperar ad eternum por ello.
Este cambio en el procedimiento requeriría una reforma del artículo 99 de la Constitución, pero exige únicamente de una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras para su aprobación, así que no sería difícil de acordar, especialmente porque sería la propia actitud indolente de quiénes tendrían que aprobarlo la que lo habría hecho necesario. Claro que para eso, primero tendríamos que salir de la actual situación de bloqueo.
