El
Gobierno de España ha solicitado a Bruselas aplazar un año la consolidación
fiscal del déficit de las administraciones públicas. Así, de un déficit
previsto del 2,8% del PIB en 2016, se ha pasado a un 3,6%. Esas ocho décimas se
reparten entre las Comunidades Autónomas (CC.AA.), cuyos números rojos podrán
ascender este año al 0,7% del PIB, en lugar del 0,3%, y la Seguridad Social, cuyo
agujero presupuestario previsto sube al 1,1%.
Esta
relajación en la senda de consolidación presupuestaria supone un balón de
oxígeno para las CC.AA. pues, con el nuevo objetivo, las regiones tendrán que
hacer un ajuste de unos 7.000 millones de euros en lugar de los 14.000 millones
establecidos inicialmente. En términos relativos, el esfuerzo consiste en pasar
del déficit del 1,66% del PIB del pasado año, al 0,7%. Esta reducción de los
números rojos no tendría por qué suponer ajustes adicionales para las regiones,
ya que está previsto que este año ingresen unos 7.400 millones de euros
adicionales a cuenta de la liquidación presupuestaria del año 2014, así como
que se beneficien de un ahorro extraordinario al “subvencionar” el Estado unos
3.000 millones de euros de intereses de la nueva deuda emitida a cargo del
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) puesto en marcha por el Estado para sacar a
las CC.AA. de la quiebra. Así que en la práctica tendrán unos 3.400 millones de
euros para gasto adicional aunque, analizadas sus intenciones de gasto, es
probable que aun así incumplan el nuevo objetivo de déficit un año más.
Y
es que, en cuanto a incumplimientos en el objetivo de déficit de las CC.AA.,
llueve sobre mojado. La Comisión Europea remitió el mes pasado una advertencia
al gobierno español por el riesgo de incumplimiento del déficit de 2016, como
paso previo a medidas coercitivas más severas si no se corrigen los
desequilibrios. En esta alerta, Bruselas critica con especial énfasis los
continuos desequilibrios presupuestarios de las comunidades autónomas (CC.AA.),
a los que el Gobierno no pone freno. A lo largo de la crisis, la mayoría de las
CC.AA. (con honrosas excepciones, entre las que destaca Canarias) han
sobrepasado un año tras otro los límites de déficit marcados por el Gobierno, y
en la mayor parte de los casos por una manifiesta falta de voluntad política.
El Gobierno del Estado, a través de las facultades que la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 le encomienda,
tiene competencia y poderes más que suficientes para controlar el déficit de
las CC.AA. e imponerles medidas preventivas, correctivas y coercitivas si no lo
hacen, pero lo cierto es que no las ejerce. ¿Por qué?
Básicamente
porque el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda se guían en su
actuación por criterios de oportunidad política. Y ello ha sucedido tanto si la
región incumplidora está gobernada por el PP como por otro partido político. En
el primer caso no actúa porque no van a enmendarle la plana a los “suyos”, y en
el segundo caso, porque en el mejor de los casos inmediatamente se convertiría
en un ataque político en toda regla de un partido a su rival, y en el peor en
una agresión de España contra (por ejemplo) Cataluña. Así pues, dados los
efectos políticos que su actuación ocasionaría, el Gobierno está políticamente,
que no jurídicamente, incapacitado para utilizar contra las CC.AA. los
mecanismos coercitivos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pese
a los reiterados, manifiestos y voluntarios incumplimientos de los objetivos de
déficit de algunas de ellas.
Por
este motivo, la capacidad de tomar medidas preventivas, correctivas y
coercitivas contra alguna administración pública no puede estar encomendada,
como ahora, al Ministerio de Hacienda, sino a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF, vaya nombrecito), un ente independiente de
supervisión de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas
creado a instancias de la Unión Europea, con el mandato explícito de evaluar
las previsiones macroeconómicas que subyacen a los presupuestos de las
administraciones y el grado de cumplimiento de las reglas fiscales nacionales y
supranacionales. Habría, pues, que modificar la Ley Orgánica para que fuese la
AIREF quien estableciera los objetivos de déficit de cada administración
pública, así como reconviniese, aceptase y/o rechazase los planes de equilibrio
presupuestario que realicen las entidades subestatales, en lugar del Ministerio
de Hacienda. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal actuaría como
ente neutral y ajeno al juego político con lo que las conveniencias políticas
dejarían de ser un factor y la actividad de supervisión de la estabilidad
presupuestaria en las administraciones públicas ganaría en credibilidad…y en
eficacia.
Dada
la importancia de los poderes a ella encomendados, debería modificarse su
mecanismo de elección, da tal modo que no fuera el Ministerio de Hacienda quien
propusiera a su máximo responsable, aunque hasta ahora no cabe dudar de la
independencia de su gestión, incluso con duras críticas al Ministerio de
Hacienda. En cualquier caso, para reforzar esa independencia su Presidente
debería ser elegido por una mayoría de tres quintos del Congreso de los
Diputados y el Senado para un periodo superior a la legislatura (entre seis y
diez años), de una terna propuesta de entre sus miembros por el Cuerpo de
Economistas del Estado. No podrían pertenecer a esta terna quienes en algún
momento de su vida hubieran sido cargos electos, miembros del Gobierno, de
gobiernos autonómicos o altos cargos de las administraciones públicas. Se
trataría de comenzar con este nombramiento la saludable costumbre británica de
separar completamente la carrera política de la función pública, así como
permitir que la carrera en la función pública permita el acceso a los más
relevantes puestos de naturaleza técnica. Otro día me extenderé sobre este
asunto.
